El Instituto de Crédito Oficial gestionará la mitad de los préstamos de la UE a través de cinco grandes fondos para inversión empresarial en transición verde, emprendimiento, vivienda social, tecnología y sector audiovisual.
España prepara la maquinaria necesaria para comenzar a canalizar los 84.000 millones de euros en créditos blandos que la Unión Europea ultima entregarle como parte del programa Next Generation. Cerca de la mitad del montante, revelan a EXPANSIÓN fuentes oficiales, será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que los distribuirá a través de cinco grandes fondos de financiación a empresas en ámbitos de transición medioambiental, inversión productiva y emprendimiento, sector audiovisual, vivienda social y tecnología. En total, el ICO asumirá 39.500 millones que canalizará apoyándose en la banca, aprovechando su amplia red de territorial de oficinas y su experiencia en la evaluación del perfil de riesgo de las empresas demandantes.
De las cinco grandes líneas de financiación a través de las que el ICO distribuirá los préstamos blandos de la Unión Europea destaca la dirigida a inversiones ligadas a la transición energética, que alcanzará los 22.000 millones. La dotación permitirá sufragar inversiones sostenibles efectuadas por empresas de cualquier sector y tamaño; organismos públicos y hogares, incluyendo las ligadas a reducir el consumo energético, uso de fuentes limpias, la descarbonización industrial o el transporte sostenible. Así, por ejemplo, una pyme podrá aprovechar esta línea para renovar su flota de vehículos, al sustituir modelos contaminantes por eléctricos, o mejorar la eficiencia energética de su establecimiento u oficina.
El segundo paquete de créditos gestionado por el ICO se centrará en cubrir inversiones productivas de todo tipo de empresas, independientemente de su actividad y ubicación geográfica, con especial atención a pymes y autónomos. Contará con 7.000 millones de euros de los que 1.000 se reservarán para el sector turístico.
Un tercer paquete de préstamos comunitarios, de 4.000 millones, se reservará a la construcción de vivienda social en alquiler, así como para rehabilitación con fines de eficiencia energética que permita aumentar el parque de inmuebles sociales en arrendamiento.
La cuarta línea, de otros 4.000 millones, nutrirá el Fond-ICO Next Tech, que busca fomentar el desarrollo de proyectos digitales innovadores de alto impacto y ampliar la inversión en empresas en crecimiento. El vehículo, impulsado a través de Axis, la gestora de capital riesgo participada al 100% por el ICO, y apoyada por la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, financiará iniciativas en campos como la computación cuántica; el procesamiento masivo de datos; la biometría e identificación digital; la robótica; nanotecnología; impresión en 3D; realidad virtual; blockchain (las cadenas de bloques digitales que sustentan las monedas virtuales); el Internet de las cosas; o las nubes de almacenamiento digital.
Finalmente, la quinta palanca de créditos comunitarios que manejará el ICO será la centrada en el fomento de un hub audiovisual en España. El fondo, que contará con 1.500 millones, sufragará la actividad de productoras y la realización de películas, cortometrajes, documentales, videojuegos, publicidad, animación y series. La dotación fue anticipada hace unos días por la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en el marco del 71º Festival de San Sebastián y de la Presidencia Española del Consejo de la UE.
Este es el esquema que el Gobierno ha diseñado para encarar la gestión de los 84.000 millones en créditos blandos que aspira a obtener tras entregar la adenda de ampliación del Plan de Recuperación, que la Comisión Europea está a punto de validar. Aunque buena parte de los préstamos serán canalizados a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) -que Calviño aspira a presidir-, como ocurre con el macrofondo de financiación autonómica de 20.000 millones, el Ejecutivo ha optado por el ICO como instrumento central de los créditos dirigidos a empresas.
El principal motivo es que el ente es ya experto en la gestión ágil de grandes volúmenes de fondos, por lo que se aspira que comience a mover los créditos este mismo año, y que, tras la experiencia de las líneas de apoyo desplegadas durante la pandemia, es un cauce bien conocido por las empresas. Otro punto fuerte es la engrasada colaboración del ICO con la banca española, de la que aprovechará la capilaridad de sus más de 19.000 sucursales, repartidas por todo el territorio español, y su experiencia en la evaluación del perfil de riesgo crediticio de los potenciales beneficiarios de los créditos.
De hecho, aunque el ICO prevé la financiación directa y sin intermediación bancaria de los proyectos de mayor volumen, también en esta vía acudirá a las entidades bancarias para complementar con financiación privada. Finalmente, el ICO se servirá, de forma residual, de otros instrumentos como avales de emisiones, por ejemplo.
El gran atractivo de los créditos europeos es que España los obtendrá a un menor coste de financiación que el de las emisiones de deuda del Tesoro (unos 25 puntos por debajo) lo que le permitirá trasladar buena parte de esa ventaja financiera a las empresas beneficiarias, en un momento en que la subida de los tipos de interés ha encarecido el dinero y endurecido la concesión, con margen además para ofrecer mejores condiciones y plazos que el mercado.
Bruselas ultima dar luz verde a la adenda española que solicita 94.000 millones
España está a punto de ser rociada con un nuevo aluvión de fondos europeos. Bruselas ultima dar su visto bueno a la adenda de ampliación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentada por España solicitando otros 94.000 millones de euros entre ayudas y préstamos del programa Next Generation, en adición a los 69.500 millones en transferencias inicialmente asignados.
El montante incluye 7.700 millones en ayudas no reembolsables agregadas a las originales tras calibrar la caída real del PIB que el país sufrió en la pandemia; 2.600 millones del programa energético REPowerEU lanzado tras la invasión rusa sobre Ucrania; y 84.000 millones en créditos blandos (equivalentes al 6,8% de la Renta Nacional Bruta del país en 2019 a precios corrientes).
La petición fue realizada formalmente el pasado 6 de junio, bajo el argumento de que agotar el plazo que concluía en agosto hubiera legado la tarea a un Gobierno en funciones tras los comicios de julio. Aunque la solicitud activó el plazo formal de dos meses para su evaluación, Bruselas acordó ampliarlo un mes más, hasta el 7 de septiembre, pero excedió el plazo y desde entonces ha seguido negociando los últimos flecos del documento con el Ejecutivo en funciones. Las conversaciones han incluido, por ejemplo, la permuta del compromiso español de comenzar a cobrar peajes por uso de autovías desde 2024 por un incremento de la inversión en la red ferroviaria tras la marcha atrás del Gobierno ante una medida impopular que causó polémica durante las elecciones. La expectativa está puesta en que Bruselas de su visto bueno esta misma semana al plan en los términos finalmente acordados, en un aval que podría llegar hoy mismo pero que deberá ser ratificado luego por todos los socios europeos para desbloquear la asignación definitiva a España de los nuevos fondos.
